Partamos de las probables consecuencias para llegar a la primera observación que debería ser una regla inquebrantable de la seguridad en materia de ascensores: el usuario ha de ser quien finalmente pague (a veces con su propia vida, cuando los accidentes son fatales) los costos de una elección equivocada respecto de los servicios de mantenimiento, sea por desconocimiento inexcusable o, lo que es más grave, por desidia.
Y bien: para garantizar un transporte vertical seguro, de modo de evitar incidentes lamentables, lo que debería considerarse en primer lugar, como principio de buen procedimiento, es el trabajo profesional riguroso y calificado de los conservadores, que resulta imprescindible, mal que le pese a tanto indolente.
Imposible reducir efectivamente el riesgo de fallas y/o averías de los equipos, sin el concurso de técnicos idóneos, que, al fin de cuentas, redunda en beneficio del usuario.
Los sustitutos de ocasión, sin hablar ya de quienes temerariamente «atan con alambre» el elevador para reactivarlo lo antes posible y cumplir, de manera irresponsable, con las urgencias de sus clientes, han contribuido a los peores episodios.
Tomen nota administradores y co-propietarios de edificios de propiedad horizontal: sin olvidar la seguridad de una contratación, es fundamental establecer un plan de conservación acorde a las características del ascensor, contemplando el control de puntos críticos de la instalación, un diagnóstico minucioso de los distintos elementos y prever su reemplazo, si fuera necesario.
Y, faltaba más, que los municipios controlen como es debido.