En materia de ascensores (aun en tiempos de pandemia), detrás del concepto de seguridad abundan las buenas intenciones y escasean las mejores voluntades. Se repite el mismo discurso: que se pretende garantizar calidad y condiciones óptimas de funcionamiento de los aparatos, que se procuran los cuidados apropiados; que los usuarios son sujetos prevalentes de derecho respecto del servicio, que la prevención y los reaseguros por su integridad son prioritarios…Y así, sucesivamente.
¿Por qué, sin embargo, las decisiones sobre el mantenimiento de los equipos suelen contradecir tantos buenos propósitos?
¿Se apela siempre a empresas conservadoras responsables, debidamente acreditadas, y a profesionales y técnicos de alta cualificación?
¿En qué medida los cálculos mezquinos, en que se confunde gasto con inversión, determinan tal o cual elección?
¿Y qué del cumplimento de los seguros y la observancia de las normativas que regulan la actividad?
De las respuestas nadie está del todo seguro.